El
diputado nacional Alejandro Echegaray (UCR) presentó un proyecto de ley para
derogar los decretos que establecen sueldos y pensiones para obispos,
sacerdotes y seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
En
los fundamentos del proyecto, el legislador cita que las asignaciones
dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de
distintos integrantes del clero católico se dispusieron por cinco decretos
leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados por Jorge Rafael Videla y
el último por Reynaldo Bignone.
Dichas
normas de facto son el decreto ley 21.540 que establece una asignación mensual
vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de juez
nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en
dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60% de la
remuneración citada para los obispos auxiliares.
También
el decreto ley 21.950 que establece una asignación mensual equivalente al 80%
de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a
favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra
equivalente al 70% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
Otro
es el decreto ley 22.162 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una
asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas
en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal
civil de la administración pública nacional.
En
tanto, el decreto ley 22.430 establece una asignación mensual vitalicia a favor
de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren
incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional
de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.
Mientras que el decreto ley 22.950 establece una contribución mensual a la
formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente
a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública
nacional.
Echegaray
consideró que “en un Estado laico, este aspecto debe ser revisado”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario