Un
grupo de diputados cristianos impulsa un proyecto de Ley para la Libertad
Religiosa y de Culto, que busca el reconocimiento estatal a las iglesias no
católicas, mediante la creación de una figura jurídica acorde con esa
actividad. Una ley que
regule las minorías religiosas y que asegure la libertad de culto y la objeción
de conciencia, conforme a la Constitución.
El proyecto busca que las iglesias evangélicas y otras, ya no recurran a la Ley de Asociaciones para formalizar su operación ante el Estado. En la actualidad, se ven en esa obligación para poder obtener servicios, permisos y créditos en el sector financiero.
La nueva figura jurídica excluiría a la Iglesia católica porque ya es reconocida por el Estado, y a las iglesias que promueven prácticas de hechicería y brujería.
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