miércoles, 4 de julio de 2018

ARGENTINA Diputado presenta proyecto para derogar legislación que otorga asignaciones económicas a funcionarios de la Iglesia Católica.

El diputado nacional Alejandro Echegaray (UCR) presentó un proyecto de ley para derogar los decretos que establecen sueldos y pensiones para obispos, sacerdotes y seminaristas de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

En los fundamentos del proyecto, el legislador cita que las asignaciones dispuestas en concepto de remuneraciones, jubilaciones y pensiones a favor de distintos integrantes del clero católico se dispusieron por cinco decretos leyes de la última dictadura militar, cuatro firmados por Jorge Rafael Videla y el último por Reynaldo Bignone.

Dichas normas de facto son el decreto ley 21.540 que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.

También el decreto ley 21.950 que establece una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
Otro es el decreto ley 22.162 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

En tanto, el decreto ley 22.430 establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se hallaren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia. Mientras que el decreto ley 22.950 establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.

Echegaray consideró que “en un Estado laico, este aspecto debe ser revisado”.

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