martes, 8 de agosto de 2017

SALTA Educación religiosa en las escuelas públicas resulta estigmatizarte y discriminatoria

A días de llevarse una audiencia crucial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta, Torcuato Sozio, director ejecutivo de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles), concedió una entrevista al Diario elTribuno de aquella provincia, en la que transmitió de forma clara y sencilla la posición de la entidad que en el año 2010 inició la acción que ahora tiene que resolver la Corte.

Preguntado por cómo será la audiencia pública del 16 de agosto en la Corte Suprema, el abogado dijo:  Va estar el Estado salteño en defensa de su postura de que no hay actitud discriminatoria en el caso y que la educación que se brinda en las escuelas salteñas está conforme a la Constitución y la Ley de Educación de la Provincia.

Tanto los padres que iniciaron la acción como la Asociación por los Derechos Civiles, que es patrocinante pero a la vez es actora del juicio, vamos a insistir en la postura de que el modo en que se brinda en Salta la educación religiosa es violatorio de la libertad de pensamiento que prevé la Constitución Nacional y termina siendo discriminatorio para los niños que no profesan la religión católica o que no profesan religión alguna.

Por otro lado, agregó, surge del expediente que el modo en que se imparte la educación religiosa en las escuelas de Salta termina siendo claramente discriminatorio para los niños que no tienen convicciones religiosas porque, cuando deciden no estar en el aula donde se está impartiendo la religión que no profesan, no tienen ningún tipo de tarea que compense esa situación. Salen del aula pero no tienen ninguna otra alternativa de recibir alguna enseñanza que pudiera ser útil para ellos. Termina siendo estigmatizante, discriminatorio y eso nos parece un hecho que viola claramente la Constitución y los derechos civiles.
Además, en una provincia como Salta, donde hay pueblos originarios que pueden tener convicciones religiosas completamente distintas a las de la Iglesia católica, también se verían discriminados con esta imposición.

El argumento que se da frecuentemente, de que en la Argentina el 90 por ciento de las personas son católicas, se desvirtúa. Primero, porque lo que importa en la Argentina es el cumplimiento de nuestro vértice legal, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales que tienen alcance constitucional. Por otro lado, es como si se hiciera una encuesta y en la Argentina la mayoría de la población estuviera a favor de la pena de muerte y que, entonces, por un argumento sencillamente numérico, se terminara imponiendo una legislación. Obviamente que ese no es el modo en que funciona un país democrático como el nuestro.

Finalmente manifestó que que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación sumamente prestigiosa y que lo que va a hacer es tomar el caso, analizarlo, ver lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales y fallar de acuerdo a derecho. Todas las presiones políticas que pudieran existir y las circunstancias de coyuntura, realmente no van a condicionar a la Corte Suprema.

Nota: El CEDyR, en su carácter de AMICUS CURIAE de la Corte, realizó una presentación en la causa “CASTILLO, CARINA VIVIANA Y OTROS C/ PROVINCIA DE SALTA MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROV. DE SALTA S/ AMPARO”, y participará en la audiencia aludida, con el objeto de contribuir a enriquecer el análisis jurídico del asunto.



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