Tras la jura del juez conservador Neil
Gorsuch el pasado 10.04.2017, durante el presente mes el Tribunal Supremo de EEUU, se abocará a la decisión de
una gran cantidad de asuntos, entre los que se destaca un importante caso que podría modificar la interpretación de
las reglas que rigen la separación entre la Iglesia y el Estado.
Los jueces
deberán decidir si el estado de Misuri actuó legalmente al excluir a la Iglesia
Luterana Trinity de un programa que le habría permitido reformar el patio de
juegos de su escuela.
Misuri negó
los fondos a la iglesia porque su constitución prohíbe a “cualquier iglesia,
secta o denominación religiosa recibir dinero de los contribuyentes del
estado”. En respuesta, la entidad religiosa presentó una demanda financiada por
la Alliance Defending Freedom, en la cual se alega que el estado ha violado las
garantías que establece la Constitución para proteger su derecho a la libertad
religiosa.
Varias
comunidades religiosas, incluidas la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días (Mormona) y grupos judíos han apoyado a la Iglesia Luterana
Trinity.
Entre los
grupos que se han opuesto activamente a la demanda, se destaca la Unión de
Libertades Civiles Americana (ACLU).“Obligar a los estados a dar dinero para
una construcción en propiedad de la iglesia podría abrir las compuertas a
programas que fuercen a los contribuyentes a avalar la religión”, dijo Daniel
Mach, director del programa de ACLU para la libertad religiosa y creencias.
La sentencia,
que llegará el próximo mes de junio, puede tener consecuencias más allá de
Misuri, ya que que tres cuartas partes de
los estados que componen los EEUU tienen disposiciones como las de dicho estado.
El caso, es sin
dudas uno de los más importantes que considera la Corte Suprema en este nuevo
periodo de sesiones. Será determinante en la interpretación del principio de separación
Iglesia-Estado, y en las decisiones que versen sobre la financiación pública de
grupos religiosos.
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